Clases públicas en calles y plazas, abrazos simbólicos, huelgas, negociaciones y presencia constante del tema en redes sociales. Son las principales cartas del mazo de la protesta que juegan los docentes y estudiantes universitarios de Argentina para exigir al Gobierno aumentos salariales y financiamiento para las casas de altos estudios dependientes del Estado. Con tibieza, a lo largo de los meses, el tema se fue encendiendo en un país apegado a sus universidades públicas. Pero en el último mes estuvo lejos de ser una disputa tibia.
En enero el Gobierno había pactado un aumento del 15% anual a otorgar en tres etapas. Pero al conocerse que la inflación anual superará el 30% en 2018, los sindicatos han exigido, entre otras medidas, un 30% de aumento y la incorporación de la llamada «cláusula gatillo», que dispara un aumento en forma automática una vez que la inflación supera el incremento salarial negociado, además de un mayor presupuesto general para las universidades. «Desde el Ministerio (de Educación) tienen que entender que no tenemos tiempo y necesitamos llevar una respuesta a los docentes», dijo Carlos De Feo, Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), uno de los más importantes gremios de profesores.
No todos los sindicatos actuaron igual durante la negociación, algunos estuvieron de huelga por tres semanas, hasta el viernes pasado, otros algo menos. Uno, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), ha decidido continuar el paro de actividades. «Porque todavía no hay respuestas», le dijo Luis Tiscornia, su secretario general, a France 24 en Español.
El lunes 27 de agosto hubo una reunión entre los gremios y el Ministerio de Educación. En principio pactaron, según difundió el Ministerio, adelantar a septiembre (estaba prevista en noviembre) la última cuota del aumento acordado hasta ahora. Pero no hubo acuerdo definitivo sobre el incremento anual. En un comunicado, el Ministerio señaló que «el gobierno nacional busca trabajar en forma conjunta con los sindicatos para arribar a una pronta solución del conflicto». El ministro del área, Alejandro Finocchiaro ya reconoció como legítimo el reclamo gremial y dio a entender que el Gobierno está abierto a examinar lo acordado.
Docentes de las universidades públicas creen que lo que cobran no corresponde al renombre y jerarquía internacional
Cien años después de la Reforma Universitaria, que en 1918 amplió el acceso a la universidad pública y democratizó su organización, hoy en Argentina hay 57 universidades estatales nacionales y decenas de colegios secundarios preuniversitarios que dependen de ellas y suelen tener un alto nivel académico. Tanto las universidades como los colegios son totalmente gratuitos para los estudiantes, pagados por el Estado y son una suerte de joya de la corona para los argentinos.
En esas instituciones públicas, unos 170.000 docentes dan clases a 1,5 millón de estudiantes universitarios y decenas de miles de secundarios. Las universidades no están exentas de problemas, por constantes dificultades presupuestarias y burocráticas. Sin embargo, no han perdido su renombre. Según algunos ránkings internacionales, su calidad académica: en la última edición del World University Rankings, de consultora QS, la Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó primera de América Latina y en el lugar 73 a nivel mundial.
Pero los profesores de las universidades públicas consideran que lo que cobran no se corresponde con esa jerarquía internacional. Un reporte de 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre educación señala que aunque Argentina gasta US$4.240 al año por cada estudiante de educación superior, un nivel similar al de otros países de la región, está muy por debajo de los US$10.759 anuales promedio de los países de la OCDE.
Es difícil dar una cifra exacta del salario docente, porque depende del cargo, la antigüedad y otros factores. Pero, por ejemplo, hoy una ayudante de primera en el Ciclo Básico Común (un curso nivelador previo al ingreso a las carreras) de la UBA cobra 5.000 pesos netos (US$160) por mes por cuatro horas de clases semanales, a las que se deben sumar las horas de preparación, reuniones de cátedra y corrección de trabajos y exámenes (que no se cobran aparte). Alguien con cargo de adjunto (el inmediato anterior a titular) en la carrera de Derecho de la misma universidad, con 40 horas cátedra (incluyen todo el trabajo) mensuales y 15 años de antigüedad, no gana mucho más: 7.900 pesos (US$252). Y un profesor doctorado que enseña en la Universidad Nacional de La Plata en las carreras de Farmacia y Biotecnología y Biología Molecular cobra 6.500 pesos (US$205) por nueve horas de clase. Existen, además, cargos que no son rentados, como ciertas ayudantías.
Según el Indec (Instituto de Estadística y Censos), una familia argentina necesita cerca de 20.000 pesos (US$640) mensuales de ingresos para estar por encima de la línea de la pobreza. Así que en general los docentes universitarios intentan tener más de un trabajo para complementar ingresos, a menos que estén entre aquellos que tienen dedicación exclusiva (en 2013 menos de un 13% tenían dedicación exclusiva) o semiexclusiva y suficiente antigüedad, cuando los salarios ya empiezan a subir hasta alcanzar un máximo de –según cifras de noviembre de 2017– algo más de 71.000 pesos (US$2.250), en el caso de una profesora titular con dedicación exclusiva y con al menos 24 años de antigüedad.
Si no hay acuerdo salarial satisfactorio para los profesores se podría venir un nuevo paro
Este jueves 30 de agosto, gremios, docentes y estudiantes universitarios se jugarán su carta más grande, en una marcha que convocaron en la Ciudad de Buenos Aires en demanda de mejoras salariales y de financiación. Se prevé que sea multitudinaria. Habrá que ver si se convierte en una suerte de celebración o en un nuevo aumento de la presión sobre el Gobierno. Dependerá de lo que ocurra el miércoles, tras una nueva reunión de negociaciones entre el Ministerio de Educación y los gremios, de si hay o no un acuerdo salarial satisfactorio para los docentes. Si no lo hay, todo podría desembocar en un nuevo paro y más medidas de fuerza. Así lo advirtieron los líderes sindicales.
Todo esto ocurre en un contexto en el que según las últimas previsiones del Gobierno la economía argentina se contraerá un 1% en 2018 y en el que el acuerdo de asistencia por US$50.000 millones con el Fondo Monetario Internacional compromete al gobierno a llevar adelante ajustes fiscales; y cuando faltan dos semanas para que el proyecto de presupuesto 2019 sea enviado por el Ejecutivo al Legislativo.
Es una época, esta, entonces, en que los sectores interesados en que sus áreas no pierdan fondos se hacen oír. A mayo de 2018 el presupuesto de las universidades públicas nacionales era de algo más de 102.000 millones de pesos, contra 75.500 millones en 2017. ¿Cuánto recibirán las casas de altos estudios en 2019?
Fuente: RFI