En el marco del Día Internacional de las defensoras de derechos humanos y dado que sigue habiendo casos de hostigamiento hacia defensoras medioambientales en la Provincia de Petorca, Amnistía Internacional se reunió con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. En el encuentro, al que asistieron también algunas defensoras, la organización reiteró la gravedad de los hechos, evidenció las recurrentes barreras a las que se enfrentan estas mujeres para denunciar los delitos de los que son víctimas y advirtió que incluso cuando ingresan las denuncias muchas veces las investigaciones no se llevan a cabo.
En la reunión estuvieron presentes las defensoras medioambientales Lorena Donaire, Carolina Vilches, Verónica Vilches y Marjorie Marcel, que dieron a conocer fuertes testimonios. Carolina Vilches ha seguido recibiendo amenazas por su labor, lo que la mantiene alerta, a ella y a su familia: «soy madre y he visto expuesta mi seguridad y la de mi hijo; llevo 15 años en el activismo ambiental y he recibido no pocas represalias». Por su lado, Lorena Donaire, coincidió en la exposición y desprotección que viven a diario por su lucha: «estas situaciones han afectado nuestra salud mental, como familia nos sentimos expuestas». Por otra parte, Verónica Vilches, quien ha sido amenazada de muerte en reiteradas ocasiones, enfatizó en que «los derechos han sido vulnerados y muchas personas han sufrido», y Marjorie Marcel, alertó sobre la ineficacia de la fiscalía ante las denuncias: «cierran los casos sin investigación, nunca somos citados; queremos que exista una manera directa de recurrir a la justicia como defensoras ambientales».
La fiscal se mostró muy receptiva y se comprometió a revisar las causas vigentes, las medidas de protección de cada caso y a asegurar que las investigaciones no se archivarán sin las diligencias básicas, como por ejemplo, la declaración de la víctima. Además, coincidió en la importancia de que Carabineros brinde una atención adecuada en la recepción de denuncias, así como la revisión de protocolos en este ámbito y propuso un interlocutor entre la fiscalía y las víctimas para que la comunicación sea más directa y expedita.
«Los compromisos adquiridos por la fiscal Claudia Perivancich son muy necesarios para la seguridad y protección de las defensoras y esperamos que se cumplan a cabalidad. Salvaguardar la vida de quienes defienden el medio ambiente debe ser una prioridad, así lo venimos solicitando desde hace años como organización y lo reiteramos nuevamente más aún ahora que Chile ha firmado el Acuerdo de Escazú, una de las herramientas ambientales más importantes de la región para evitar amenazas y asesinatos de defensores/as de derechos ambientales», expresa Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. La valiente lucha de las defensoras y la situación de vulnerabilidad en que desarrollan su labor, inspiró una campaña de Amnistía Internacional que recolectó mensajes de solidaridad y más de 4 mil firmas dirigidas a la fiscalía en busca de protección para ellas. «Desde Amnistía Internacional seguiremos apoyando y acompañando a las defensoras. La impunidad ante las amenazas y hostigamiento que sufren solo ayuda a que se repitan y escalen. Y esto es, justamente, lo que no podemos permitir que suceda», afirma Rodrigo Bustos.
