SANTIAGO – La ministra de Justicia Marcela Ríos, renuncia al cargo tras polémica por la entrega de indultos a 12 detenidos, informan los medios locales.
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El presidente chileno, Gabriel Boric, confirmó la dimisión de Ríos, quien será reemplazada por Luis Cordero Vega. «Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además, la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar», declaró el mandatario.
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Se trata de la decisión presidencial del pasado 30 de diciembre de indultar a 12 presos detenidos durante las protestas del estallido social en Chile (octubre de 2019-marzo 2020), así como a Jorge Mateluna, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez condenado en 2013 a 16 años de prisión por un asalto a una sede del Banco Santander.
Presidente de la República @GabrielBoric entrega declaraciones desde La Moneda. https://t.co/GEBwj0NOzq
— Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) January 7, 2023
«Estoy convencido que podemos dejar atrás la crispación», comentó el jefe de Estado.
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«Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades (…) Como Gobierno tenemos una responsabilidad que es de todos los días, tomar decisiones complejas que en su conjunto van construyendo nuestro país y el lugar donde queremos vivir y la sociedad que queremos formar», agregó.
Se informa que Boric también «ha aceptado la renuncia de Matías Meza-Lopehandía en el cargo de jefe de Gabinete«.
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La decisión de Boric de otorgar indultos a estos individuos ha sido muy criticada y provocó la indignación, sobre todo, de la oposición.
El indulto a presos de las revueltas de 2019 en Chile fue una de las promesas de la campaña electoral de Boric en 2021.
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Los presos de las revueltas son un grupo de personas imputadas por delitos cometidos en el marco de las manifestaciones ciudadanas durante el estallido social.
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El 18 de octubre de 2019 se registró una serie de manifestaciones, incendios e incidentes en Santiago en una jornada que posteriormente dio inicio a una serie de masivas manifestaciones ciudadanas en contra del sistema económico neoliberal, los abusos, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y la actual Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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Durante las protestas de 2019 en Chile se ordenó una represión a cargo de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y las ramas de las Fuerzas Armadas, que dejó un enorme saldo de violaciones a los derechos humanos confirmadas por las Naciones Unidas y distintos organismos nacionales e internacionales.
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El estallido generó también el inicio de un proceso constituyente que, a través de una Convención Constitucional elegida por la ciudadanía, busca reemplazar la actual carta magna.
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El 4 de septiembre Chile celebró el plebiscito sobre la propuesta de nueva carta magna escrita por la Convención Constitucional y la opción Rechazo se impuso con casi 62 por ciento de los votos, frente a 38 por ciento que votó Apruebo.
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Sin embargo, aunque una mayoría rechazó la propuesta de nueva Constitución, hay consenso entre líderes políticos en que el país necesita sustituir el texto actual.
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