SANTIAGO – Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema, analizó el articulado del proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de perfeccionar las sanciones a delitos perpetrados por funcionarios públicos y limita el acceso a salidas alternativas y a las penas sustitutivas que se indican”. Informe que fue remitido ayer, martes 31, a la presidencia del senado.
“Que, en síntesis, la iniciativa persigue introducir a la legislación un agravamiento en las penas de ciertos delitos vinculados a la esfera de acción de los funcionarios públicos, así como una exclusión general de la posibilidad de decretar la suspensión condicional del procedimiento o algunas de las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216, en relación a los imputados por cualquiera de las decenas de delitos establecidos en el título V del libro segundo del Código Penal”, plantea el informe.
“Al respecto, si bien las decisiones de política criminal son de resorte exclusivo del legislador, cabe tener en cuenta la necesidad de que el modelo punitivo de la parte especial resulte coherente tanto con los principios de proporcionalidad, eficacia y eficiencia, como con el imperativo de que los tribunales y los fiscales del Ministerio Público cuenten con suficiente espacio discrecional como para dar cuenta de las peculiaridades de cada caso. Solo de esta forma el sistema podría continuar persiguiendo delitos con eficacia y legitimidad, y solo de esta manera los tribunales de justicia podrían sostener los requerimientos de un modelo de justicia que equilibre la igualdad ante la ley y la atención por el caso concreto”, añade.
“Por consiguiente, al poseer aspectos de proporcionalidad ordinal que podrían ser mejorables y al tener alcances demasiado amplios en relación con los delitos que considera, se concluye que la propuesta presenta algunas aristas que deberían ser revisados por el legislador”, advierte el informe del máximo tribunal.
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