En conversación con representantes de los trabajadores y economistas para conocer los posibles efectos en la economía chilena del reajuste del salario mínimo anunciado por el Gobierno de Gabriel Boric.
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Por Alexis Polo González
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El ejecutivo chileno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) suscribieron el pasado 17 de abril un acuerdo para el reajuste del ingreso mínimo mensual, que alcanzará el valor de 500.000 pesos (615 dólares) a julio de 2024.
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«Dentro de los compromisos del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric se establecía avanzar hacia un salario mínimo de 500.000 dentro de su mandato. Y lo que hoy día se ha hecho es anticipar un año el cumplimiento de dicho compromiso», señaló la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, al firmar el acuerdo.
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El proceso se adelantó debido a que «vivimos un periodo de ajuste económico importante, con altas tasas de inflación«, debiendo los trabajadores soportar directamente la pérdida de poder adquisitivo», explicó Jara.
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El ejecutivo despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que establece el alza gradual del salario mínimo:
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Un incremento desde los actuales 410.000 a 440.000 pesos (de 504 a 541 dólares) el 1 de mayo de 2023.
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A 460.000 pesos (565 dólares) el 1 de septiembre de 2023.
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Finalmente, a 500.000 pesos el 1 de julio de 2024.
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Luego del 1 de julio de 2024 se acordó efectuar un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registre entre los meses de julio y diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.
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El secretario general de la CUT, Eric Campos, también es presidente de la Federación de Sindicatos de Metro. En conversación con Sputnik señaló que el reajuste del salario mínimo es un gran avance para los trabajadores chilenos.
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«Es una de las medidas más importantes y que es valorada por la gente en la política pública del Gobierno. El aumento del salario mínimo, particularmente el del año pasado, permitió anticiparse al ciclo inflacionario. Yo diría que este acuerdo va en la misma línea, de manera responsable y gradual», expresó Campos.
«Es un riesgo»
La Convergencia de Gremios, pequeñas y medianas empresas (pymes) y Cooperativas de Chile advirtió que un gran número de empresas de menor tamaño no están en condiciones de realizar un alza de tal magnitud. De aprobarse el proyecto del ejecutivo, el salario mínimo aumentaría casi un 22% en menos de dos años, más del doble que la inflación estimada para 2023-2024.
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Para Campos las observaciones que han hecho algunas de las instituciones respecto al impacto que podría tener el reajuste del salario mínimo «es la retórica permanente del empresariado de querer resguardarse en algunos actores de las pymes para justificar su no apoyo a los avances sociales que pueda tener el pueblo chileno».
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«El Gobierno, al igual que el 2022, va a establecer una serie de subsidios que va a permitir que las pymes puedan pagar esos salarios, porque eso también va de la mano con la propia productividad, el aumento del salario mínimo empuja el consumo interno», agregó.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también fue parte de las reuniones que culminaron en el reajuste salarial. El funcionario destacó la voluntad de diálogo y de búsqueda de acuerdos durante este proceso de negociación con la CUT.
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Marcel explicó que se está dialogando con las pymes para apoyarlas. «Vamos a contemplar una ayuda para que puedan absorber el costo del incremento del ingreso mínimo, tal como ocurrió el año pasado».
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También en conversación, el doctor en economía Manuel Pérez Trujillo, profesor de la Universidad Católica del Norte y director de la maestría en Gerencia Pública y Desarrollo Regional, aseguró que hay incertidumbre en el mercado laboral chileno.
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Pérez explicó que el país se encuentra en una perplejidad económica desde el estallido social de 2019. Además, está atravesando un periodo hiperinflacionario debido a factores tanto internos como externos.
«Los márgenes de las pequeñas empresas son bastante estrechos, los costes de insumos han subido bastante en el último tiempo. Este aumento (…) puede llegar a impactar de forma negativa en los resultados de estas compañías, lo cual, lógicamente, si entran en una situación de pérdidas y tienen el largo plazo, implica un cierre».
«Evidentemente esto es un riesgo que habría que tener en consideración a nivel nacional. Un aumento del 22% es bastante», agregó.
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Para Peréz el gran problema se debe a que la inflación acumulada durante los últimos 12 meses se acerca al 14% y eso no se ha podido controlar. Para el doctor en economía, el reajuste del salario mínimo hay que tomárselo con cautela, pues puede generar tensiones en aquellas empresas que peores márgenes tienen.
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«Habría que ver cómo repercute en cuanto a la demanda: todo encarecimiento de los costes laborales que no están en relación con incrementos en la productividad marginal del trabajo, pues lógicamente tienen un impacto negativo en la demanda, no en la contratación», finalizó Peréz.
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«Luces y sombras»
Durante el Gobierno de Boric, no solo se ha reajustado el salario mínimo, sino que también se aprobó la jornada de 40 horas laborales, otra iniciativa emblemática de esta Administración.
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No obstante, el proyecto sufrió varias modificaciones en su paso por el Parlamento, siendo criticado por organizaciones que acusaron era «una victoria para el gran empresariado» que «abre la puerta a la ultraflexibilidad».
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Para Campos este Gobierno ha sido de «luces y sombras». El dirigente de la CUT explicó que en materia laboral se ha avanzado en trabajar menos y ganar más. «Eso es importante, sobre todo en una sociedad como la chilena, donde los trabajadores ganan poco, tienen salarios bajos, donde la tasa de utilidad es muy alta en relación a los salarios».
«Sin embargo, también es de sombra porque se ha avanzado lento en la discusión de la reforma de pensiones y lamentamos muchísimo el rechazo de la reforma tributaria», agregó.
«Hay una deuda que se expresó con mucha fuerza el 18 de octubre del 2019 [fecha de inicio del estallido social]: es que la gente reclama más derechos sociales. Hay que financiarlo con la reforma tributaria, pero también es urgente que resolvamos el problema de las pensiones. En esos casos el Gobierno ha enviado las reformas que comprometió.
Sin embargo no tiene mayoría en el Parlamento y debe negociar con la derecha y los proyectos de ley se terminan desfigurando», finalizó Campos.