El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, participó en la Comisión de Gobierno Interior. En la instancia, avanzaron en la votación de los proyectos refundidos que fomentan la transparencia y probidad municipal (boletines 14594 y 15523).
Las y los diputados aprobaron por unanimidad una indicación acordada con el Ejecutivo. En ella se establece que el alcalde, en acuerdo con el concejo, designará un funcionario para implementar el funcionamiento del plan de integridad municipal.
Entre sus funciones, este funcionario deberá promover la realización de capacitaciones y asesorías al personal municipal sobre este plan y en materia de probidad. Junto a esto, deberá gestionar y difundir lo procedimientos y políticas con este fin. Asimismo, deberá dar cuenta de la implementación y funcionamiento del plan de integridad al Concejo Municipal semestralmente o cuando se requiera.
Por otro lado, la norma, del mismo modo, incluye una unidad de control municipal dependiente administrativamente del alcalde. Pero agrega que estará a su vez sujeta a una tuición técnica de la Contraloría General. Esta entidad deberá tomar razón de medidas disciplinarias que se apliquen en contra de la jefatura de la unidad. En el texto, además, se fijan las normas del concurso para postular a la jefatura.
En la sesión, igualmente, entregó su opinión Juan Camilo Bustamente, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch). El dirigente valoró el objetivo de fomentar la transparencia y probidad de la propuesta. Sin embargo, señaló que tienen algunos reparos con las designaciones de las nuevas jefaturas que plantea la norma.
Organizaciones no gubernamentales
En la ocasión, el grupo parlamentario también analizó el proyecto que busca obligar a las organizaciones no gubernamentales a transparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento (boletín 15643). Para esto, recibieron al ministro de Justicia, Luis Cordero, quien entregó un detalle de las organizaciones registradas a la fecha. Paralelamente, detalló las normas sobre las que se permite la entrega de recursos públicos a entidades sin fines de lucro.
La autoridad explicó que el rol de su cartera es la fiscalización de las asociaciones y fundaciones. Para esto, pueden requerir actas de asambleas, sesiones de directorios, memorias, libros de contabilidad y otros, de acuerdo al desarrollo de sus actividades.
Sin embargo, aclaró que no es parte de sus competencias registrar información de sus memorias y balances, por lo tanto, la fiscalización es limitada.
Por último, explicó que el ministerio no tiene atribuciones para fiscalizar el financiamiento extranjero de las organizaciones. Explicó que quien tiene esta información es el Servicio de Impuestos Internos (SII) y estaría cubierto por secreto tributario. De tal forma, a su juicio, el proyecto debería avanzar para entregar más información de quienes son aportantes.