Protestas y represión: una reforma local causa un estallido en el norte de Argentina

Más de 170 personas resultaron heridas en una movilización de comunidades indígenas y organizaciones sociales en la provincia de Jujuy (norte) contra la modificación de una legislación local. Restricciones a las protestas y cambios en el manejo de los recursos naturales son los ejes de la discusión en una provincia clave por sus reservas de litio.
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Por *Juan Lehman
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Una masiva movilización de más de 20.000 personas ocurrió este 21 de junio en la Ciudad de Buenos Aires frente a la Casa de la Provincia de Jujuy para protestar contra la reforma de la Constitución provincial impulsada por su gobernador, Gerardo Morales.
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«Es gravísimo lo que ocurrió [en Jujuy]. La comunidad no quiere atropellos ni constituciones que quiten derechos», dijo Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación.

La modificación a la Constitución de Jujuy terminó por hacer explotar el tenso clima social al interior de la provincia. Tras dos semanas de movilizaciones, miles de personas coparon el centro de la capital jujeña para protestar mientras la reforma era aprobada en tiempo récord a metros de la concentración. El saldo: 170 heridos, más de 70 detenidos y el pronunciamiento de diversas organizaciones de derechos humanos.
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Tras un contundente triunfo en las elecciones provinciales, el oficialismo jujeño conducido por el gobernador Gerardo Morales —integrante de la alianza Juntos por el Cambio, opositora al Gobierno nacional del Frente de Todos— aprobó la modificación de la carta magna vigente desde 1986.
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La reforma constitucional modifica 193 de los 212 artículos. Sin embargo, los cambios más sensibles que pretendía imponer eran tres:
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  • Restricción a la protesta (artículo 67). El texto establece «la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia».
  • Propiedad privada (artículo 36). El proyecto original proponía que «será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten».
  • Pueblos originarios (artículo 50). La iniciativa impulsada promovía que «el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan».
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Mientras que el primer punto prosperó y fue aprobado, los otros dos artículos fueron descartados por sus promotores debido a las masivas protestas callejeras.
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El rechazo obedece a que aproximadamente 300 comunidades viven en terrenos cuyos títulos de propiedad no poseen —pese a que las ocupan desde antes de la fundación del país—, por lo que consideraban que ambas propuestas suponían un riesgo frente al uso de las tierras que habitan ancestralmente, en una provincia central para la explotación del litio.
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Otra de las razones principales de la resistencia generada consiste en la celeridad con la que se trató el proyecto: los miembros de la Asamblea Constituyente —votados el 7 de mayo, en los mismos comicios en los que el oficialismo logró retener la gobernación— aprobaron el texto a pocos días de que se conociera su contenido. Para ello, el Gobierno de Cambia Jujuy obtuvo el respaldo del —formalmente— opositor Partido Justicialista, el cual fue duramente cuestionado por los manifestantes.
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«La reforma fue realizada a espaldas del pueblo. La votación se llevó a cabo apenas cinco días después de que se conociera el texto oficial: la gente no tuvo tiempo siquiera de analizarla», indicó a Sputnik Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda y excandidato a gobernador de la provincia.
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La chispa que encendió el fuego

Desde principios de junio, San Salvador de Jujuy, capital provincial, se había constituido en el epicentro de manifestaciones de sindicatos docentes que reclamaban una actualización salarial en un contexto en el que —deteriorado por el 114% de inflación anual que afronta Argentina— el sueldo promedio de 55.000 pesos (210 dólares al valor oficial; 112 al paralelo ilegal) queda por debajo de la canasta básica.
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Sobre ese clima se montaron las masivas salidas a las calles y cortes de ruta que la reforma pretende restringir. Incrementadas durante el fin de semana, terminaron por explotar en una de las protestas más multitudinarias de la historia de la provincia. Las imágenes emitidas en redes y televisión mostraban a policías disparando balas de goma en contra de los jóvenes ante el intento de los manifestantes de irrumpir en el recinto de la Legislatura por la fuerza, en medio de la sanción de la norma.
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«Todo comenzó pacíficamente. Las agrupaciones de docentes que apoyaban esta marcha estaban movilizándose en paz, y se apostaron frente a la Legislatura, donde se estaba jurando la nueva reforma de la Constitución», explica a Fernando Balderacchi, periodista de la capital provincial, que se encontraba cubriendo la manifestación.
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Según el reportero, las agresiones sucedieron desde ambos bandos. «Algunas personas han sido detenidas por horas simplemente por caminar por la zona como turistas», comentó.

«Es cierto que muchos manifestantes lanzaron piedras y respondieron violentamente, pero era en medio de los enfrentamientos con la Policía», dice Balderacchi.

Repercusiones de las protestas

Rápidamente, los hechos cobraron notoriedad pública. La Organización de las Naciones Unidas instó a las autoridades a «investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones».
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Para Vilca, el caso es semejante al del accionar de las fuerzas de seguridad de Chile durante el estallido social de 2019: «Esto se parece mucho a lo que se vivió con los Carabineros. Seguramente esto tenga un costo político, pero lamentamos que sea con heridos del pueblo», expresó el dirigente.

Ante las acusaciones recibidas, el gobernador Morales responsabilizó al Gobierno nacional por la «extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy». A través de sus redes sociales, la autoridad provincial se dirigió con nombre y apellido al mandatario Alberto Fernández y a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En simultáneo, la alianza nacional de Juntos por el Cambio expresó su total apoyo a Morales. «Lo que está sucediendo en Jujuy es una muestra de la falta absoluta de valores del kirchnerismo en todo sentido. Las diferencias no se saldan a pedradas, se saldan en la justicia y en el Congreso, pero no con este nivel de violencia», aseguró a Eduardo Amadeo, dirigente opositor y exdiputado nacional de la coalición opositora.
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La disputa por el litio

Jujuy no es una provincia más. La jurisdicción que limita con Bolivia tiene una de las comunidades de pueblos originarios más populosas del país, residentes en áreas plausibles de ser utilizadas para la explotación de un recurso fundamental para revertir la crisis económica por falta de divisas: el litio.
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Junto con Bolivia y Chile, Argentina integra el triángulo del litio, cuyas reservas se concentran fundamentalmente en la provincia norteña. La idea de avanzar con su desarrollo enciende las alarmas de los dirigentes sociales: «Es evidente el despojo a los pueblos que hay por parte de las mineras, agravado por el problema de la contaminación de un recurso muy importante que es el agua», explica Vilca.
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Ante la fusión anunciada por las dos compañías de mayor peso en la industria —la estadounidense Livent y la australiana Allkem—, la perspectiva de que la firma logre imponer su voluntad sobre las poblaciones residentes es advertida por la oposición.
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«El reclamo por la soberanía del territorio es muy importante por lo que significa el saqueo de esos recursos por parte de las empresas, que apenas tienen que pagar a la provincia un impuesto equivalente al 0,9%, que no es nada», critica el diputado de la izquierda.
Según Balderacchi, es en esta instancia donde la reforma de la Constitución busca incidir: «El punto de la propiedad privada es el fundamental porque el problema es que hay comunidades en zonas ricas en litio, y esta iniciativa habilita al Gobierno provincial a desalojarlos de esas áreas».

Juan Lehman – Periodista argentino. Sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajó en C5N, A24, Radio 10, Radio Del Plata y Radio Con Vos, entre otros medios. Realizó la cobertura de todas las elecciones legislativas y presidenciales argentinas desde el 2016.

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