El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el lanzamiento de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento para resolver la disputa entre el Estado y el pueblo originario.
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Por Alexis Polo González
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La comisión tendrá por objetivo encontrar soluciones a las demandas territoriales de las comunidades mapuche, establecer formas de reparación y mejorar la convivencia entre quienes habitan las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
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Las regiones mencionadas constituyen una zona de pertenencia histórica del pueblo mapuche, cuya lucha se centra en la restitución de sus tierras ancestrales. Desde finales de la década de los años 90 existe una disputa territorial que enfrenta al Estado, comunidades mapuche y empresas forestales.
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«El trabajo que tenemos por delante es tremendamente desafiante», expresó Gabriel Boric durante el lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, el pasado 21 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
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«Tengo la esperanza, la convicción que [la Comisión], a través del diálogo social, amplio, siente las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto que hace larga data existe interculturalmente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche», agregó el presidente chileno.
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En conversación con Sputnik, la diputada mapuche Ericka Ñanco destacó que con la creación de esta comisión «el Gobierno muestra que hay un real interés en hacerse cargo del tema».
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«El Ejecutivo toma la demanda de tierras y la devolución de los territorios, de los derechos que le han quitado a las comunidades, al pueblo mapuche, se hace cargo de esas demandas como una política de Estado», agregó la parlamentaria oficialista.
Ñanco también resaltó la importancia de haber integrado en la comisión a distintos actores políticos, «desde izquierda a derecha» para trabajar en la resolución del «conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche».
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La creación de esta comisión marca un «proceso histórico» para avanzar hacia un futuro en el que habrá un país que «sí respeta al pueblo mapuche, de un Chile que sí se hace cargo de la devolución de los territorios y principalmente de la demanda histórica de las comunidades», consideró la diputada.
«Pero también se hace cargo de este dolor, se hace cargo de poder sanar estas heridas que el mismo Estado de Chile fue dejando en el sur del Biobío. Entonces, creo que esa es la importancia que se le da a la comisión, más allá de si va o no a solucionar el conflicto de una manera rápida como quisiéramos», agregó.
Para el analista político Camilo Godoy, el Gobierno «hace un cálculo en pos de la transversalidad, justo después de que parte del mundo indígena aún resiente que sus ideas, demandas y necesidades no estén plasmadas en la Constitución».
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Godoy explicó que la idea de formar una comisión transversal ya venía de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígena de inicios de los 2000, «pero en este caso tenemos a miembros del Partido Republicano [derecha conservadora] en espacios de decisión sobre aspectos tan relevantes como las políticas de restitución de tierras».
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¿Cuáles son los objetivos específicos de la comisión?
Integrada por ocho miembros, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, la Comisión tiene como metas:
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Sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuche y buscar las mejores alternativas que puedan contribuir a su resolución.
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Establecer un canal de diálogo con los distintos actores involucrados.
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Elaborar una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existente.
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Promover iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, una propuesta de reparación integral a todas las víctimas, como también la incorporación de elementos que mejoren la vida y el desarrollo de todos los habitantes de las zonas involucradas.
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Establecer un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las comunidades mapuche. Este acuerdo debe ser dialogado con las distintas fuerzas de representación política y actores sociales regionales buscando un consenso transversal que haga viables las reformas necesarias.
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Entregar un informe al presidente y al Congreso para avanzar en las modificaciones institucionales y de la legislación requeridas.
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Una vez aprobadas las reformas la comisión terminará su cometido y dará comienzo a la etapa de implementación de las medidas.
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Para Godoy las tareas que se le encomendaron a la comisión son «bastante generales y aún no se establecen plazos». Agregó que «sería un despropósito seguir con la agenda de la Concertación de tener una política de seguridad para el pueblo mapuche separada de una política estructural y en privilegiar temporalmente la primera sobre la segunda».
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La mención del analista refiere a la Concertación, una coalición de centro-izquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010. Durante esos años se profundizó el modelo económico heredado por la dictadura cívico-militar (1973-1990).
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Militarización
Las regiones de Biobío y La Araucanía viven una militarización decretada por el Gobierno de Boric desde hace más de un año en un zona clave para el conflicto mapuche.
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La diputada Ñanco señaló que el trabajo de la comisión no «nos llevará a una solución pacífica de buenas a primeras o de un momento a otro debido a que esos son procesos más largos».
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No obstante, la parlamentaria mapuche reiteró la importancia de desmilitarizar la zona, ya que «la militarización genera más estigmatización«. Pero también aclaró que tampoco quieren «la existencia de personas y organizaciones, que no sabemos a quién responden, que puedan estar generando situaciones de violencia extrema».
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Ñanco comentó que saben desde ya que habrán muchos territorios que no serán devueltos a las comunidades mapuche, pero expresó que su deseo es «que la mayor cantidad de territorios que se le usurpó a las comunidades les sean devueltos«.
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La diputada señaló que es necesario que concuerden «todas las partes para que esos acuerdos sí sean efectivos».
«El Estado de Chile tiene que hacerse cargo de alguna forma y no solamente devolver los territorios, sino también devolver los derechos que les fueron quitados, como los derechos lingüísticos, los derechos de cosmovisión, de salud, educación intercultural», concluyó.