El 25 de junio 2023 hubo elecciones nacionales en Guatemala para elegir presidente y vicepresidente, diputados y corporaciones municipales. Había preocupación en la sociedad ante un potencial fraude por “el pacto de corruptos” que controlan el Estado y el poder. Pero, en inesperada y positiva sorpresa, un candidato presidencial progresista y anticorrupción — Bernardo Arévalo– quedó en el segundo lugar e irá a la segunda vuelta. Sin embargo, hay un plan, lanzado originalmente por catorce partidos de derecha pero ahora continuado por tres, para anular el voto, descalificar a Arévalo o hasta cancelar la segunda vuelta del 20 de agosto.
Contexto Histórico
Guatemala tiene una larga y trágica historia de golpes de Estado, represión, intervención y esperanzas frustradas. La intervención de EE.UU. en 1954, en plena Guerra Fría, derrocó al presidente Jacobo Árbenz y terminó la Primavera Democrática iniciada en 1944. El pecado de Árbenz fue poner los intereses nacionales primero y tratar de controlar la United Fruit Company, que dominaba el país. Ante la resistencia democrática se estableció un Estado contrainsurgente. Siguieron décadas de terrorismo de Estado, horríficas violaciones de derechos humanos, cientos de masacres de pueblos indígenas y salvaje tortura. Un movimiento guerrillero surgió en los años 60 y luchó por muchos años contra los regímenes militares. Finalmente, en 1996, después de años de negociaciones, se firmó un Acuerdo de Paz, con el respaldo de la ONU, y la guerra terminó. (Hay una riqueza de libros sobre esta historia.)
Hubo progreso después, pero en los últimos años ha habido alarmantes retrocesos en la situación de DDHH y garantías democráticas en el país. Prácticamente todas las instituciones en Guatemala ya han sido cooptadas por una maquinaria de funcionarios y partidos corruptos, que controlan la política y que reprimen a sus adversarios, personas honestas que combaten el crimen organizado y la impunidad. En 2022, los obispos católicos escribieron que “la corrupción, irresponsabilidad, intereses y miopía política de los funcionarios en todos los órganos del Estado han corrompido el sistema, han abusado de él y creado un Estado disfuncional, incapaz de cumplir su función de crear el bien común”. El cardenal Álvaro Ramazzini dijo en 2022 que “se está imponiendo una dictadura legal”.
Los presidentes recientes — Otto Pérez, Jimmy Morales, Alejandro Giammattei – han sido autoritarios y corruptos; Morales expulsó del país la organización CICIG [Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala], un esfuerzo coordinado entre la ONU y el gobierno, mediante la Fiscalía General. CICIG se inició en 2006 para investigar y combatir grupos criminales clandestinos y fuerzas paralelas de seguridad, y enfrentar la corrupción y la impunidad, y tuvo muchos éxitos. Luego de la expulsión de CICIG, fiscales y abogados vinculados con CICIG fueron acusados de delitos. Se inició la persecución política de gente honesta del sistema judicial. En abril 2023, después de una visita por una delegación de WOLA [Washington Office on Latin America] y HRW [Human Rights Watch], las ONGs dijeron: “En Guatemala hay un proyecto autoritario que va camino a destruir la democracia en el país…Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan, a quienes promueven la libertad de expresión, a quienes promueven los Derechos Humanos, a quienes son voces disidentes…”.
También ha habido persecución contra muchas personas en la sociedad civil. Un destacado periodista, José Rubén Zamora, editor de El Periódico, muy crítico de la corrupción en el país, fue acusado de crímenes espurios y se le puso preso. Una abogada prestigiosa, la exfiscal Virginia Laparra, fue perseguida por su ejercicio independiente como fiscal y sus investigaciones de funcionarios corruptos. Está presa también, en condiciones inhumanas. Manifestaciones de campesinos y obreros han sido reprimidos con violencia. Docenas de lideres de derechos humanos, abogados y jueces, profesores y periodistas han salido al exilio, para evitar cargos falsos y prisión. Guatemala está en las garras de “lawfare”[1] y está viviendo el colapso del Estado de derecho y las normas de la democracia. El Estado ha actuado en contra de sus “enemigos” en la sociedad civil para frenar procesos de verdad y justicia y criminalizar a luchadores por los derechos humanos.
Dentro de este marco de secuestro del Estado se convocaron las elecciones de 2023. Este año el Tribunal Supremo Electoral excluyó tres fuertes candidatos para la presidencia por razones muy cuestionables. Se reportaron muchas anomalías en financiamiento y propaganda por partidos de la derecha toleradas por dicho tribunal. Los sectores autocráticos en Guatemala, económicos, políticos y militares, quieren preservar y extender su impunidad, su explotación y su poder político dominante. Hay un complejo militar-económico – detentan poder real — que consiste en el gremio oligárquico CACIF [Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras] y el Ejército, con la participación del crimen organizado. La ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, integrada por oficiales retirados de las guerras contrainsurgentes, tiene un rol político y todavía está orientada por la doctrina de seguridad nacional. Estos sectores están tratando de manipular las elecciones para sus propios intereses.
Preocupación sobre un “golpe de Estado técnico”
Las elecciones y la fuerza electoral de Arévalo fueron totalmente inesperadas porque las encuestas no mostraron su nivel de respaldo y, de hecho, predecían que uno de los candidatos de la derecha iría a la segunda vuelta. La persona en la primera posición, Sandra Torres, es candidata de un partido derechista, aliada al sector oficialista del gobierno actual de Giammattei. Arévalo es el hijo de un presidente querido de los 1940, el primero de los dos que introdujeron diez años de Primavera Democrática en Guatemala.
Con ecos de Trump, después de la elección los partidos de la derecha solicitaron a la Corte de Constitucionalidad que no se oficializarán los resultados, para impedir la ratificacion de la candidatura de Arévalo, del partido Semilla. La Corte suspendió la certificación de los resultados, aunque no había señales de irregularidades. Eso es sin precedentes en esta etapa de una elección en Guatemala. Para muchos guatemaltecos y observadores, era una maniobra cínica, malintencionada e indignante para bloquear a Arévalo y anular la voz del pueblo. Y esto no es nada nuevo en Guatemala. Esta Corte es una institución que he caracterizada como “una estructura guardiana” porque fue construida y funciona para conservar el sistema de poder y bloquear cambios democráticos o populares. Ahora, positivamente, las Naciones Unidas, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, así como muchas organizaciones y entidades en Guatemala y la Iglesia Católica, han exigido el respeto de la voluntad popular que fue claramente expresada en la primera vuelta de las elecciones.
Sobre el futuro inmediato de Guatemala, un analista guatemalteco en Chile, Raúl Molina, defensor de los principios democráticos y los derechos humanos en Guatemala y dirigente de La Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (en Chile) y de La Red de Paz y Desarrollo para Guatemala (organización internacional), me dijo: “El ‘Pacto de Corrupción’ intentó un golpe de Estado por la vía judicial; pero ha sido denunciado y enfrentado. Debiese prevalecer la voluntad ciudadana; pero aun pueden recurrir a un golpe militar. Arévalo hijo ya ha tenido que enfrentar un primer intento sin haber tomado posesión, debido a la desesperación de las mafias corruptas que, aún dominando el Congreso próximo y el cooptado sistema judicial, además de entidades autónomas y más de cien corporaciones municipales, temen perder su impunidad. Sin ella, saben que la corrupción será combatida y desaparecerá el abuso autoritario. Le temen a un gobierno capaz y honesto como Semilla ofrece”.
Un golpe técnico en Guatemala seria un retroceso terrible para el país y para toda América Latina, un ataque serio contra la democracia y la voluntad del pueblo. Los guatemaltecos y las guatemaltecas necesitan nuestra atención y solidaridad.
- [1] Lawfare es la manipulación de procesos legales y leyes para criminalizar, inmovilizar políticamente o destituir a personas con cargos públicos; permite golpes de Estado sin violencia y con la apariencia de legalidad.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
J. Patrice McSherry – Es doctora de ciencias políticas y profesora emérita de Long Island University. Autora de múltiples artículos y libros y colaboradora del Instituto de Estudios Avanzados, Usach.
