Columna de J. Patrice McSherry | El rol de Estados Unidos en Chile: Track I y Track II de 1970

Cada día hay conmemoraciones y actos sobre el sangriento golpe de Estado de 1973. Es un momento frágil en Chile, con renovada polarización, la amenaza de la extrema derecha y sus esfuerzos para defender el golpe, y el estado ambiguo de las fuerzas sociales progresistas. No hay consenso sobre la historia de Chile. Hay voces minimizando las atrocidades que ocurrieron, a pesar del récord bien documentado de tortura, desaparición, asesinato e impunidad.

Se nota que en varios recuerdos y análisis del golpe—no todos—hay referencias al “golpe militar” o “golpe cívico-militar”, pero sin una referencia al otro actor clave en esta historia: Washington D.C. Este artículo aborda las acciones encubiertas de EE.UU. en 1970, inmediatamente después del triunfo de Salvador Allende en las elecciones de septiembre (aunque de hecho, Washington había tratado de bloquear a Allende desde los 1960).

Allende ganó el 4 de septiembre, y Richard Nixon ordenó una gran operación encubierta para negarle la presidencia. Washington, inspirado por un feroz anticomunismo y una obsesión de control, tomó acciones encubiertas y abiertas en varios países de América Latina (y el mundo) para frenar a la izquierda, sabotear a los lideres progresistas y debilitar los sindicatos y los movimientos populares. Omitir estos hechos corre el riesgo de subestimar el papel de las operaciones encubiertas de EE.UU. en Chile (claves también en Guatemala, Irán y otros países) y distorsionar la historia. Washington, con su enorme poder y recursos, su cruzada anticomunista y sus estrechos vínculos con los militares y policías en la región, actuó para dar forma a los resultados políticos, y no dudó en patrocinar u organizar, vía la CIA, golpes de Estado.

En días recientes ha habido más atención sobre este rol, después de la difusión de nuevos documentos desclasificados de EE.UU. sobre las acciones de Nixon and Kissinger. Tengo la impresión, sin embargo, de que muchos chilenos y chilenas no tienen claro dicho rol. Es irónico, porque en el extranjero está muy claro y bien conocido, ya que hay abundancia de libros, artículos y documentales sobre la intervención de los EE.UU. en Chile. Es visto como un caso emblemático de la Guerra Fría.

En septiembre de 1970, después de la orden de Nixon, la CIA pasó a un estado de emergencia. Estaba tratando de encontrar una manera—cualquiera manera—de bloquear el acceso de Allende de la presidencia. Hay documentos desclasificados de hace más de 25 años sobre esto. El Comité Church del Congreso de EE.UU. emitió en 1975 un informe sobre acciones encubiertas estadounidenses en Chile. Un informe del Levin Center explica: “Creado en respuesta a las explosivas revelaciones del programa de vigilancia interna del Ejército de los EE.UU. y un artículo publicado en el New York Times el 22 de diciembre de 1974 por Seymour Hersh que exponía los intentos de asesinato de funcionarios extranjeros por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el comité lanzó una serie de investigaciones sobre las agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)” (https://www.levin-center.org/frank-church-and-the-church-committee/).

La CIA tenía dos planes para bloquear a Allende, Track I y Track II. Track I involucró al Presidente Frei en una maniobra parlamentaria para manipular el proceso constitucional e implantar un gobierno militar “legalmente”. Track II era más secreto; hasta el Embajador de EE.UU. en Chile no lo sabía. Fue un plan para instigar un violento golpe militar. La CIA, bajo Nixon y Kissinger, estaba buscando militares para implementar y liderar este plan del golpe de Estado. Una posibilidad era el general retirado Roberto Viaux. Pero él provocaba dudas también. No estaba claro cuanto respaldo tenía en las FF.AA. constitucionalistas bajo el general Rene Schneider y, además, había sido dado de baja después de la sublevación de junio de 1970. Schneider fue visto como un obstáculo al golpe militar. Había un complot—respaldado y aprobado por Washington—de secuestrar a Schneider, para eliminarlo como fuerza constitucionalista y facilitar un golpe militar. En octubre de 1970, la CIA escribió: “El COS [Chief of Station de la CIA en Santiago] y [nombre borrado] han pasado la palabra a los niveles más altos de las FF.AA. chilenas de que el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a apoyar cualquier movimiento militar para negarle la presidencia a Allende». El complot anti-Allende de Viaux fue visto como una posible opción. La sede de la CIA en Washington informo a la Station en Santiago: “El factor controlador en la operación de Viaux es que la mano americana no se muestra de ninguna manera”. (Ver documentos)

Como sabemos, durante el intento de secuestro de Schneider éste fue herido por balas. Agonizó por unos días y luego murió a causa de sus heridas. Pero este crimen no provocó un golpe de Estado. Los chilenos, en solidaridad y pena, se unificaron. El 24 de octubre de 1970 el Congreso chileno votó por un amplio margen para confirmar la elección de Allende. Miles asistieron al funeral de Schneider, incluso Frei y Allende. El 3 de noviembre Allende fue juramentado oficialmente como presidente de Chile.

Sobre la ausencia de mención del rol estadounidense en Chile, por supuesto hay importantes excepciones (ver, por ejemplo, el artículo de Mario Waissbluth en El Mostrador, “El origen principal del golpe militar”, artículos de Carlos Basso y CIPER, entre otros). Pero, lamentablemente, a veces tanto el mundo académico como el campo de la “justicia transicional” contribuyen al silencio sobre actores internacionales en los golpes. Varios informes han presentado la represión y los golpes de Estado en América Latina como crisis nacionales que involucraban actores y fuerzas locales, sin considerar el contexto de la Guerra Fría y la intervención de Washington en América Latina en los 1950 y luego en los 60, 70 y 80 para “evitar otra Cuba” y asegurar aliados leales.

En una crítica incisiva, la catedrática Bronwyn Anne Leebaw ha escrito sobre el mundo de “justicia transicional”: «Las lecciones históricas favorecidas por las instituciones de justicia transicional generalmente se centran en la responsabilidad local con poca atención a la intervención externa. Una implicación preocupante de esto es que el fenómeno de la justicia transicional puede funcionar para construir una historia revisionista de la represión de la era de la Guerra Fría… contribuyendo así a la negación con respecto al papel de la intervención de las Grandes Potencias en los conflictos locales”.[1] O sea, participando, si no conscientemente, en instaurar mitos políticos.

Los Estados de Seguridad Nacional en la región sí fueron implementados por fuerzas y actores nacionales, pero respaldados (y a veces impulsados) por Washington. EE.UU. contribuyó con armas, inteligencia, financiamiento, entrenamiento militar y protección política durante la Guerra Fría. Estos Estados represivos no eran simplemente asuntos locales y aislados. Había un régimen transnacional de contrainsurgencia, anticomunista y antidemocrático, con mucha influencia de Washington, que facilitaba la colaboración entre los contrainsurgentes en varios países. La Operación Cóndor fue el ejemplo más obvio de esta colaboración.

Bajo la Operación Cóndor, las personas que huían de las dictaduras a través de las fronteras en busca de refugio, incluso aquellas que fueron protegidas por el estatus de refugiado de las Naciones Unidas, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en otros países, o «entregadas» a sus países de origen, donde enfrentaron tortura y muerte. Cóndor permitió que los regímenes militares persiguieran a sus oponentes dondequiera que fueran. Los Estados miembros—Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay– suspendieron los derechos de soberanía y las tradiciones de asilo y colaboraron con los escuadrones de inteligencia extranjeros que operaban en su territorio. También se llevaron a cabo asesinatos de alto perfil en Europa y Estados Unidos. El uso del terror de Estado fue un pilar central de una estrategia contrasubversiva para desmovilizar a la sociedad civil, eliminar la oposición política, infundir miedo y “cambiar la mentalidad” de la población de la región (ver mi libro Estados Depredadores).

En Chile, Washington estaba involucrado políticamente desde los años 1950, y especialmente en los 1960. Quiso debilitar y excluir a Allende y fortalecer a candidatos conservadores, y hay una rica documentación de documentos oficiales y desclasificados que muestra esto. Es interesante que años atrás algunos lideres estadounidenses admitieron el rol de Washington en Chile. En 1977 un delegado de EE.UU. ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra se disculpó, en nombre de los Estados Unidos, por la participación estadounidense en el derrocamiento del gobierno de Allende. Brady Tyson, líder adjunto de la delegación, ofreció las disculpas durante el copatrocinio de un proyecto de resolución que condenó a la dictadura pinochetista por «violaciones constantes y flagrantes de los derechos humanos», incluida la «institucionalización de la práctica de la tortura”. La disculpa fue rápidamente desautorizada por el Departamento de Estado.

En 2003, el secretario del Estado Colin Powell lamentó el rol de EE.UU. en Chile en 1973. «No es una parte de la historia estadounidense de la que estemos orgullosos», dijo Powell. (William Rogers, aliado con Henry Kissinger, inmediatamente criticó a Powell e insistió que Washington no instigó el golpe.) Al mismo tiempo, a lo largo de los 1970, había grandes movimientos en solidaridad con Chile en EE.UU. y en todo el mundo que condenaron la intervención de EE.UU. y la dictadura en Chile. Todo esto es parte de la historia documentada que tenemos que recordar.

[1] Bronwyn Anne Leebaw, «The irreconcilable goals of transitional justice» Human Rights Quarterly, vol. 30, núm. 1, 2008, págs. 95–118.

LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN

J. Patrice McSherry – Es doctora de ciencias políticas y profesora emérita de Long Island University. Autora de múltiples artículos y libros y colaboradora del Instituto de Estudios Avanzados, Usach.

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